La Agencia Tributaria rusa acepta el Bitcoin como método de pago internacional.
Según declaraciones recientes, Rusia avanza en la legalización de un proyecto para la legalización de las criptomonedas como forma de pago. Este método supondrá un cambio significativo y le permitirá evitar las sanciones que Occidente les ha impuesto. El foco estará aceptar el Bitcoin como método de pago internacional, permitiéndole a las empresas rusas pagar y cobrar en criptoactivos. Además, a esta noticia se le suma que, el Banco Central ruso planifica la adición del rublo digital para 2023.
Por lo tanto, se planea también comenzar a gravar a los mineros y a los criptógrafos, además de poner vigilancia sobre las operaciones que realicen.
La FNS, Servicio Federal de Impuestos sugirió que se prohíba su uso para pagar bienes y servicios. Además, añadió que las empresas quedaran exentas de este proyecto ley. Una de las clausulas dice que siempre y cuando se trate de comercio exterior, se permitirá pagar por bienes, trabajos y servicios, recibiendo ingresos de entidades extranjeras en monedas digitales.
Que supone esta noticia, que Rusia podrá evadir el sistema SWIFT que desde los países de Occidente le prohibieron tener acceso. No solo eso, si no el sistema bancario tradicional, teniendo consecuencias y posiblemente a la larga un cambio de paradigma.
Criptomonedas ¿futuro método de pago?
Este cambio de paradigma, y las futuras monedas digitales promovidas por los estados suponen un cambio drástico en la forma de interactuar. Esto puede suponer que no solo monedas como el Bitcoin, sino el Ethereum, Dogecoin, Cardano, Litecoin, Binance etc. Puedan tener una mayor presencia en la cotidianeidad de nuestras vidas.
Por supuesto supondrá un cambio en el comercio internacional, de hecho, ya lo son un medio popular y bastante conveniente para las empresas. Si es cierto, que, si nos centramos en Europa, el BCE, un organismo de bastante peso internacional, no las considera monedas ya que no son emitidas por una autoridad monetaria.
La realidad es que facilitan y reducen los costos de pago de manera significativa, pero por el momento no entran dentro de la ‘aceptación’ a nivel estatal y supranacional.
